MORDAZA FALLIDA | Artículo 51 Bis: la muestra del autoritarismo

La aprobación por parte de diputados sinaloenses del artículo 51 Bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), mejor conocido como Ley Mordaza, no solo fue un intento por afectar el libre ejercicio periodístico, sino también el derecho a saber de los ciudadanos.

El hecho ha quedado como el peor precedente en la historia del Poder Ejecutivo de frente a la libertad de expresión, y al Congreso del Estado lo ha hundido en el descrédito absoluto.

El gobernador Mario López Valdez, promotor de la reforma, en la idea de armonizar las leyes locales con el Código Nacional de Procedimientos Penales, y ante el apuro de los legisladores por irse de vacaciones y salir del abrumo de las cuentas públicas, decidió meterle un gol al parlamento.

Desde su cancha, exactamente del despacho del procurador Marco Antonio Higuera Gómez, se pensó y redactó el artículo 51 Bis, pero en la oficina del gobernador se estuvo de acuerdo en todos sus puntos y comas: no permitir a reporteros ingresar a escenas criminales; prohibirles tomar audio, fotos y video a involucrados en delitos y sujetarse al envío de boletines de prensa emitidos a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública.

La iniciativa llegó a la Oficialía de Partes del Congreso el 16 de julio de 2014 a las 12:32 horas. Pasó a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, hasta llegar a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación. Ahí salta la sospecha, pues según los diputados no se percataron de la pifia, pero sí le hicieron modificaciones a la redacción original de otros artículos.

Por eso el cuento de que nadie la leyó no es creíble, sobre todo si fuentes cercanas a dicha Comisión confirman a ESPEJO que la filtración del 51 Bis salió precisamente de uno de sus integrantes.

Para el PRD, a todas luces se trató de una sobrelegislación del Gobierno del Estado.

Pero no solo el Ejecutivo tiene culpa, pues los diputados debieron detectar lo que el gobernador Malova después justificó en conferencia de prensa como un “error de redacción”.

 

Votar a ciegas

En sesión ordinaria del 16 de julio, el diputado secretario Ramón Lucas Lizárraga leyó la reforma a la Ley Orgánica de la PGJE. Pero solo se refirió al primer párrafo, donde se explica que la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía otorgará la información a los medios.

Cuando debía leerse el dictamen, en sesión del 24 de julio, el diputado Adolfo Rojo Montoya dispensó su lectura y pidió entregar copias a los legisladores.

En sesión extraordinaria del 30 de julio, el dictamen no tuvo discusión y fue aprobado por unanimidad de los diputados presentes: “27 votos a favor, ninguno en contra”, dijo Leobardo Alcántara del PT tras levantar el conteo de votos. Días después declaró a los medios que él no había votado pues una urgencia fisiológica lo obligó a salirse del recinto.

Así se consumó la pifia más grande en el Parlamento sinaloense, y que generó repudio local, nacional e internacional, tras la reacción de los periodistas que acusaron una agresión a la libre expresión.

Pese a ello, la reforma se publicó de inmediato el mismo 30 de julio en la edición vespertina 091 del Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.

El repudio obligó a los diputados a admitir lo que ahora los tiene en el peor de los descréditos: no leyeron la iniciativa.

Hubo quienes dijeron, desde el PAN, que sí lo habían hecho y que votaron a favor porque no les gustaba, en algunos casos, el manejo de la información policiaca.

Jesús Enrique Hernández Chávez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, anunció que darían marcha atrás al 51 Bis, al igual que lo hizo el gobernador Malova, pero como recién había concluido el periodo ordinario, tuvieron que esperarse a que sesionara la Diputación Permanente y finalmente se aprobó su derogación en sesión extraordinaria del jueves 21 de agosto.

Aun así, la ley federal contempla que la escena del crimen debe ser acordonada para proteger las evidencias. Eso no impedirá que los reporteros tomen fotos, video y testimonios desde afuera del área protegida, por lo que se les convocó a colaborar en ese sentido.

 

Una marcha, varias banderas

La mañana del 7 de agosto, en un hecho histórico, periodistas de todo el estado se manifestaron para exigir la derogación del artículo 51 Bis, incluso directores de los diversos periódicos, portales de internet, noticieros radiofónicos y de televisión salieron a las calles.

En Culiacán, los reclamos se mezclaron: no a la Ley Mordaza, respeto a la libre expresión, al derecho a saber. Pero otras banderas acusaban a los dueños del periódico El Debate de manipular el movimiento por intereses comerciales y políticos.

Las marchas se replicaron en Mazatlán, Los Mochis, Salvador Alvarado y Guasave, donde la exigencia fue también por el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Al movimiento se sumaron diversos grupos sociales y miembros de partidos políticos, quienes manifestaron su apoyo a los medios de comunicación.

 

TÓMESE UN MINUTO

¿Qué fue lo que los diputados no leyeron? 174 palabras que no te quitan ni un minuto:

Artículo 51 Bis. Los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la unidad de Acceso a la Información Pública, siempre que se cumplan con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia.

En ningún caso se podrá autorizar a los medios de comunicación el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio, video o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo, ni al manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia.

Ningún funcionario de la Procuraduría General de Justicia podrá dar informes respecto de algún asunto a los medios de comunicación sin autorización expresa del procurador general de justicia o de la Unidad de Acceso.

Solo la víctima u ofendido a través de su asesor jurídico y el imputado a través de su defensor son las únicas personas que podrán tener acceso a los registros de la investigación inicial; siempre que no se afecte el desarrollo de la misma.

 

5 de marzo

Gobierno federal publica en el Diario Oficial el Código de Procedimientos Penales. Se ordena homologar los códigos estatales a la nueva legislación.

16 de julio

Gobierno estatal presenta al Congreso iniciativas para reformar las leyes orgánicas de la PGJE y de Seguridad Pública estatal.

30 de julio

En sesión extraordinaria el dictamen es aprobado por unanimidad de los diputados presentes.

1 de agosto

La junta de Coordinación Política del Congreso presenta iniciativa para derogar el artículo 51 Bis.

4 de agosto

Periodistas acuerdan medidas contra la Ley Mordaza. El gobernador admite su error y presenta iniciativa para derogar el 51 Bis.

7 de agosto

En un hecho sin precedente, periodistas de todo el estado salen a las calles para protestar en contra de la Ley Mordaza.

21 de agosto

El Congreso deroga el artículo 51 bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

 

Publicado el lunes 9 de noviembre de 2015 en ESPEJO bajo el título: Mordaza fallida

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