¿QUIÉN QUIERE SER POLICÍA? | Seguridad pública en Sinaloa: crisis, descrédito y desaire

Las policías en Sinaloa no solo libran una dura batalla contra los criminales a lo largo y ancho de un territorio que es cuna y centro de operaciones de los principales narcotraficantes del país. A partir de evaluaciones federales, un alto porcentaje ha resultado no ser apto para portar el uniforme, por lo que tendrán que ser indemnizados y sustituidos… despedidos. ¿Qué harán fuera de las filas policiacas? ¿Hay quién quiera ser policía en medio de tanto riesgo y poca paga? ¿Quién dará seguridad a la ciudadanía?

Sinaloa saltará al siguiente sexenio con una Policía igual o peor que la que encontró Mario López Valdez al iniciar su gobierno en 2011. En la encrucijada de despedir o solapar a la mitad de la fuerza policiaca activa, calificada como no apta por la Federación, al “gobierno del cambio” se le ha enredado el tema de la seguridad pública.

Pese a que el gobernador declara que busca tener las mejores corporaciones policiales del país, y las mejor pagadas, lo cierto es que ni los policías en activo quieren serlo hoy en día.

Pruebas de control de confianza, corrupción, enfrentamientos constantes con el crimen organizado y amenazas directas son solo algunos de los factores que ponen en juego la integración de nuevos y viejos elementos en las filas de la seguridad pública en el estado.

La situación, según uno de los elementos que resultaron no aptos para desempeñar el cargo, y a quien llamaremos Iván, es que los agentes enfrentan peligros a los que nadie se atreve enfrentar en condiciones de desventaja, debido al armamento que utilizan los criminales.

“A nosotros nos reconocieron los jefes por nuestra labor; nos hemos enfrentado a los capos muchas veces y solo bastó el Control y Confianza para que nos quieran expulsar. No nos parece justo”, lamentó.

Y aunque reconoce que hay casos en los que los policías cometen errores, aseguró que son más las veces en que hacen frente al crimen sin esperar el reconocimiento de nadie. Por ello, explicó Iván, y porque las prestaciones que perciben no siempre valen la pena, es que ser policía en Sinaloa es de los empleos menos deseados.

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Convocatorias fallidas

La promesa del gobernador ha sido que las prestaciones de los policías aumentarán gradualmente, pero eso no ha logrado incrementar el personal operativo. Tampoco las campañas institucionales proyectadas en medios electrónicos que aseguran que los niños “quieren ser policías cuando sean grandes”.

Uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno es la integración de la Policía Estatal Acreditable. En 2011 se dio a conocer que mil 501 jóvenes de 20 universidades aspiraban a integrarse a dicho grupo, pero en el periodo de 2013-2014 solo se han graduado 110 elementos.

 

Seguridad liquidada

Los casi 4 mil agentes que saldrán de las filas de las corporaciones serán indemnizados conforme a derecho, según informó el gobernador, pero aún se desconoce de dónde se obtendrán dichos recursos.

Asimismo se desconoce el destino que tendrán los policías no acreditados, de quienes se especula pudieran pasarse a las filas del crimen organizado.

Al ser cuestionado al respecto, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, director de la Policía Ministerial del Estado, dijo que “los policías son policías no delincuentes; no va a pasar nada”.

Aseguró también que quienes se han desempeñado de manera correcta se mantendrán en el cargo, pero no ha sido así: una mujer policía que incluso recibió Medalla al Mérito Policial, fue despedida.

Genaro García Castro, secretario de Seguridad estatal, descartó que el destino de esos policías sea en alguno de los cárteles que operan en la región: “No creo que los policías se vayan a ir a delinquir (…) Es un volumen grande de elementos y no faltará uno que otro, pero no será una crisis, no lo visualizo de esa manera”, dijo.

Sobre el tema los alcaldes de los 18 ayuntamientos de Sinaloa se han reunido para definir una estrategia, pero no han encontrado una solución. Por su parte la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) anunció tímidamente que otorgará créditos para negocios a policías despedidos, pero no ha especificado cuántos, ni cómo ni a quiénes.

Cabe decir que desde el 2009 los legisladores federales dispusieron tomar previsiones presupuestales para cubrir los despidos del personal de seguridad, con la indemnización correspondiente prevista en la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional. El plazo vence y no hay dinero para responder al compromiso laboral.

Desde el Congreso local, Ramón Lucas Lizárraga del PRD, propuso solicitar al Poder Ejecutivo que incluya en su iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2015, partidas para la indemnización de los agentes policiacos que serán suspendidos de sus cargos o en su caso que suspenda el despido masivo de policías, convocándolo a que considere la reubicación de dicho personal.

Y mientras la crisis en las corporaciones policiacas se desborda, la sociedad observa temerosa pues según el Inegi, la mayoría percibe que la inseguridad va en aumento y por ello han tenido que tomar medidas de autoprotección, cambiando incluso sus hábitos.

 

Publicado el sábado 15 de noviembre de 2014 en la revista ESPEJO bajo el título: Policía desacreditada

 

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