UN CUENTO TRANSEXENAL | Los gobernadores y la promesa eterna de un Sinaloa más seguro

Si los discursos políticos se cumplieran, Sinaloa fuera un paraíso terrenal; fuera, como se ha prometido, “el mejor lugar para vivir” y los rankings no lo pondrían en los primeros planos de incidencia delictiva. Pero del dicho al hecho el trecho acumula más de 3 décadas y la inseguridad se mantiene o crece, al igual que reincide la mentira discursiva de quienes lo han gobernado ofreciendo, sexenio tras sexenio, que “ahora sí habrá paz y tranquilidad”. He aquí un cuento transexenal.

PAÚL MERCADO

 

En los años 70, la lucha contra el narcotráfico se coronó con la llamada Operación Cóndor, que tuvo como base principal el estado de Sinaloa por el resurgimiento del fenómeno.

Para los 80, reportes de prensa y la vox populi ligaban a jefes policiacos con el narcotráfico y el periodista Pablo Hiriart llegó a publicar en La Jornada: “Todo se vale en Sinaloa: matar, torturar, violar, asaltar, pues en Sinaloa la Constitución fue derogada por los hechos y los que juraron cumplirla y hacerla cumplir están en el centro de esta danza macabra que se llama Culiacán”.

Con Alfonso G. Calderón, la Operación Cóndor dejó la sensación de que el narco se había replegado mas no vencido. Pero con la llegada de Toledo Corro resurgió y se encumbró.

Sinaloa experimentaba un alto índice de violencia propiciado por el poder del narcotráfico, al cual se vinculaba a Toledo, por lo que el escándalo provocó un debate en la LIII Legislatura de la Cámara de Diputados federal a principios de 1986, advirtiendo algunos legisladores que Sinaloa era un estado de excepción.

El Gobierno de Estados Unidos pidió investigar al gobernador pues informes de la DEA lo ligaban a Miguel Ángel Félix Gallardo y Manuel Salcido Uzueta, el Cochiloco, y la revista Proceso publicó en febrero de 1986: “La herencia del gobernador Antonio Toledo Corro al dejar el cargo será el imperio del narcotráfico, la impunidad, los crímenes callejeros y la ilegalidad”.

Llegó Francisco Labastida y a partir de él parecía que la palabra del gobernador al rendir protesta se convertiría en una esperanza de cambio. Pero el dicho aún no se traduce en hecho y Sinaloa sigue heredando una violencia indisolublemente ligada al narcotráfico.

 

El arte de prometer

Apoyado en el Diario de los Debates del Congreso del Estado, ESPEJO hurgó en los discursos de toma de protesta de los gobernadores que ha tenido Sinaloa desde Labastida y todos se han comprometido a combatir la inseguridad, confirmando así en cada caso que el antecesor no cumplió.

“Un magnífico lugar de paz y tranquilidad”; “vivir en un ambiente de seguridad”; “proteger la vida, los bienes y la libertad de las personas”, “recuperar la seguridad pública” y “devolverle la paz a nuestro estado”, son los clichés recurrentes. Este es el recuento de la mentira que se repite cada 6 años:

 

  1. EL LICENCIADO

Francisco Labastida Ochoa, teniendo como testigo al presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, asumió el cargo y prometió transformación para que la violencia y la inseguridad disminuyeran. Transformación, puntualizó, que pidió el pueblo en las urnas, quien votó contra la violencia: “Porque sin tranquilidad no puede haber justicia y en los últimos años Sinaloa no ha podido vivir tranquilo”.

Se comprometió a mejorar la procuración e impartición de justicia, a depurar y mejorar la Policía modificando la legislación penal y aplicando estrictamente la reglamentación para combatir el vicio.

Quiso poner freno a la violencia, pero el narcotráfico estaba muy infiltrado en las estructuras policiacas y no pudo. Su Policía fue acuartelada por presuntos nexos con el crimen y “las acusaciones de la infiltración del narcotráfico en su gobierno eran cotidianas”, describe Francisco Reveles Vázquez en el documento El PRI en las elecciones de Sinaloa: el debilitamiento del partido gobernante.

También fue vinculado al narco en un reporte de la CIA que hizo público en 1998 el diario The Washington Times en su revista quincenal Insight, y en 2005, Pablo Tostado Félix, lugarteniente de Juan José Esparragoza, el Azul, declaró ante un juez que Labastida recibió, vía Juan Millán, entonces dirigente del PRI estatal, dinero del cártel de Sinaloa para su campaña. Así lo publicó el periodista Alejandro Gutiérrez en su libro Narcotráfico, el gran desafío de Calderón.

Labastida

 

  1. EL INGENIERO

Llegó Renato Vega Alvarado y Carlos Salinas de Gortari le envió como representante al secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, ante quien dijo el jueves 31 de diciembre de 1992 en sesión pública solemne de la 54 Legislatura del Congreso del Estado:

“La violencia tiene orígenes relacionados con el narcotráfico, la ignorancia, así como con la pobreza derivada de la crisis económica que hemos padecido. Sin caer en el error de prometer lo que no se pueda cumplir, sin quedarnos cruzados de brazos, con energía y mano firme (…) pondremos en marcha un conjunto de medidas que den respuesta integral a un problema tan complejo”.

La ciudadanía estaba preocupada, irritada por la violencia y la inseguridad. Vega Alvarado prometió que la lucha contra la violencia, la drogadicción y el alcoholismo sería permanente, con acciones que hicieran posible el derecho que los sinaloenses tenían de vivir en un ambiente de tranquilidad y seguridad.

Dijo que crearía la Secretaría de Protección Ciudadana para prevenir y combatir el delito y lograr una adecuada coordinación de las instituciones de seguridad. Ofreció también profesionalizar a las policías.

Incluyó un plan preventivo para abatir el delito con campañas en las que la sociedad participe, además de promover el deporte y crear fuentes de empleo en zonas marginadas para alejar a los jóvenes de los vicios.

Al comprometerse a actuar contra la violencia con energía y firmeza, dijo que perfeccionaría la procuración e impartición de justicia, respetando los derechos humanos.

RenatoVega

 

III. EL LÍDER OBRERO

Juan Sigfrido Millán Lizárraga no tuvo en su arribo al poder un representante del presidente de la República, entonces Ernesto Zedillo Ponce de León, solo los sinaloenses le escucharon decir ese jueves 31 de diciembre de 1998 durante la sesión pública solemne de la 56 Legislatura del Congreso del Estado:

“Asumo la honrosa responsabilidad de impulsar con firmeza una nueva etapa en la vida de nuestro estado. Una nueva etapa, anhelada por todos, donde exista la tranquilidad pública que necesitamos”.

Y anunció una agenda para atender reclamos sociales, en la que destacó la recuperación de la seguridad pública que tanto afectaba la convivencia e inhibía el desarrollo de las actividades productivas.

Ofreció ciudadanizar la definición de estrategias y acciones para recuperar la seguridad. Habló de voluntad política, decisión y toda la energía para hacer frente a la inseguridad, y de hacer las cosas diferentes para lograr la seguridad pública que exige la sociedad a quien prometió no fallarle.

Ofreció constituir el Consejo Estatal de Seguridad Pública integrado por ciudadanos con la facultad de nombrar al procurador de justicia; trabajar con padres de familia, maestros, sindicatos, empresas, comunidades, colonias populares, calles, escuelas y con los medios de comunicación.

Trabajaría sin descanso para darle vuelta a la página dolorosa de la historia de Sinaloa en materia de inseguridad y prometió que estaría decidido a todo para derrotar a los criminales y ponerles un enérgico hasta aquí.
Millan

  1. EL ABOGADO

Jesús Aguilar Padilla tampoco tuvo como testigo en su toma de protesta un representante del presidente de la República, el panista Vicente Fox Quesada. Ese jueves 31 de diciembre de 2004, durante la sesión pública solemne de la 58 Legislatura del Congreso del Estado, se dirigió a los sinaloenses diciendo:

“El cumplimiento eficiente de nuestra responsabilidad hará posible abatir rezagos, generar empleos, reducir la pobreza y mejorar la seguridad”.

Como Millán, anunció diálogo con los actores sociales en hospitales, escuelas y universidades, en las corporaciones policiacas, los colegios de profesionistas y con toda la ciudadanía, a fin de traducir problemas en soluciones.

Destacó entre sus iniciativas y promesas una reforma legal para coordinar a las policías de los tres niveles de gobierno, la formación de unidades especializadas contra el delito, apoyo a la UEA y a la unidad del narcomenudeo.

Dijo que haría frente al narcotráfico, coadyuvando en estrategias para frenarlo.

ChuyAguilar

 

  1. EL FERRETERO

Mario López Valdez llegó con el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, como testigo del arribo del autoproclamado “gobierno del cambio” y los sinaloenses escucharon sus promesas ese viernes 31 de diciembre de 2010 durante la sesión pública de la 60 Legislatura del Congreso del Estado:

“Combatiremos la inseguridad y la violencia de forma inteligente e integral”.

Lo haría con dos estrategias que le devolverían la paz al estado: mediante la cooperación con el Gobierno federal en el fortalecimiento de instituciones y mecanismos de impartición de justicia, y con oportunidades de desarrollo humano para que el crimen deje de ser una forma de vida.

Ofreció una revisión de la Procuraduría de Justicia, buscando mayor credibilidad en la actuación del Ministerio Público; una revisión del Consejo Estatal de Seguridad para darle nuevos cauces de participación a la ciudadanía y lograr más coordinación en la toma de decisiones.

Habló de modernizar el marco jurídico en materia penal para incorporar el proceso oral y acusatorio y darle a la justicia agilidad, transparencia y honestidad, además de crear la Agencia Móvil del Ministerio Público para brindar atención domiciliaria en la presentación de denuncias.

Dijo que buscaría un gran pacto para recuperar la seguridad pública y anunció que se sumaba a la lucha frontal contra la delincuencia emprendida por Felipe Calderón.

Al revelar que quería ser el mejor gobernador del país, se comprometió a “hacer de Sinaloa el mejor lugar para vivir”.

Malova

 

Pero muy a pesar del discurso reiterado de acabar con ella o al menos controlarla, la inseguridad sigue ahí. Y se aproxima un nuevo discurso.

 

La vox populi: el gobernador “dejaba ser” al narco y se enriquecía

ESTADO DE EXCEPCIÓN

 

El miércoles 12 de marzo de 1986, el tema de la agenda que encendió la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue el de Narcotráfico y farmacodependencia.

El diputado priista, Fernando Ortiz Arana, propuso a nombre de todas las fracciones parlamentarias (PRI, PAN, PSUM, PMT, PDM y PPS) que la Comisión de Justicia de la Cámara recabara la información de parte de las autoridades competentes sobre la marcha de los programas de combate al fenómeno del narcotráfico.

Todos coincidían en la gravedad del fenómeno del tráfico de drogas y el daño que le hacía a la sociedad mexicana la violencia ligada al narcotráfico.

Pero el diputado Jorge Alcocer Villanueva del PSUM fue más específico: “En Sinaloa era donde se vivía la situación más grave e indignante desde el punto de vista del narco, de su renacimiento y de la conducta del gobernador”.

Y es que sectores sociales padecían agresiones de Toledo, sobre todo la UAS. Y sí: el resurgimiento del narcotráfico dio lugar a una secuela de terror e inseguridad y los jefes policiacos aparecían como cómplices.

El diputado citó un reportaje publicado en La Jornada el 17 de febrero de 1986, donde describía lo que pasaba en Sinaloa: “En el mismo hotel bebían cerveza los narcos, jefes policiacos y los mastodontes de la DEA”.

Se habló también de ajustes de cuentas, enfrentamientos y violencia en general. De funcionarios corruptos que veían en el narco una forma de enriquecimiento: construían emporios económicos, empresas dedicadas a lavar dinero del narco.

Se denunció la pasividad de Toledo frente al narcotráfico y se reclamó juicio político por el mal uso de fondos federales. El diputado panista, Jesús González Schmal, dijo que Sinaloa vivía un estado de excepción: “La autoridad política está coludida, subordinada al negocio criminal del tráfico y producción de estupefacientes”.

El diputado Heberto Castillo del PMT destacó que el punto de acuerdo era para llamar la atención a la nación y que el caso Sinaloa era dramático.

Fernando Ortiz Arana aclaró que el punto de acuerdo era por la continuidad vigorosa de la campaña que contra el narcotráfico emprendía el Gobierno federal, por una condena específica de la violencia que el narcotráfico genera como una más de sus consecuencias, e hizo el deslinde: “Los legisladores priistas no podemos aceptar que alrededor de la proposición acordada con los partidos políticos, se pretenda hacer imputaciones de hechos no comprobados y supuestamente sujetos a funcionarios públicos del estado de Sinaloa”.

De esa forma, la mayoría priista contribuyó a darle protección a un gobernador al que el pueblo de Sinaloa señalaba, hace 29 años, como responsable del delito de enriquecimiento y de vínculos con el narco.

 

¿QUÉ DECÍA LA VOX POPULI?

Que el gobernador Toledo construyó con cargo al erario una aeropista y un canal de navegación de 8 kilómetros de largo y 80 metros de ancho para conectar su rancho Las Cabras al mar y permitir el acceso de sus 3 barcos atuneros. Que para construir la carretera Costera adquirió maquinaria en mal estado y la dejó inconclusa por falta de presupuesto. Que sus propiedades y negocios crecían al amparo del cargo. Que sembraba 10,000 hectáreas de palma de coco con recursos estatales. Que hacía uso de fondos en beneficio de él, familiares y amigos. Desde entonces y a la fecha, para la vox populi en Sinaloa el gobernador Toledo se hizo rico con recursos del erario y del narco.

 

Publicado el lunes 14 de diciembre de 2015 en ESPEJO bajo el título: Demagogia que mata

 

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