Una iniciativa de reforma a dos decretos que presentó ante el Congreso el gobernador Mario López Valdez puso al descubierto un episodio más de suspicacia sobre el mal manejo del erario en Sinaloa: los contratos de asociación público privada para sustituir los hospitales generales de Culiacán y Mazatlán, en medio de la opacidad, exhiben artimañas que favorecen negocios particulares con dinero público.
PAÚL MERCADO
La Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado está condenada a pasar a la historia como una de las peores de la historia debido, entre otras cosas, a la Ley Mordaza, el nepotismo y la opacidad. Pero eso podría empeorar, pues una vez más el Gobierno estatal la pone a prueba con una controversial iniciativa.
A diferencia del artículo 51 Bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que desencadenó en una pifia parlamentaria, el Congreso ahora sí parece contener la embestida del Poder Ejecutivo que, vía iniciativa de decreto con carácter preferente, pretende reformar los decretos 976 y 977 que autorizan al Estado a celebrar contratos de colaboración público privada (CCPP), afectando recursos públicos durante cuatro sexenios.
Al menos ahora el Legislativo frenó la vía del fast track, y bajo el argumento de requerir mayores elementos para decidir, ha retrasado el debate parlamentario. Algo que no durará mucho, pues ya inició otro periodo ordinario de sesiones y el momento de votar es inevitable.
Si algo tienen claro los diputados, tras el tropiezo de la Ley Mordaza, es que deben hacer las cosas con detenimiento, o la condena histórica estará garantizada.
El alboroto
El 30 de julio pasado, el Congreso recibió las iniciativas con las que se busca reformar los decretos que autorizan al Ejecutivo y a los Servicios de Salud de Sinaloa para celebrar contratos de colaboración público privada para desarrollar los hospitales generales de Mazatlán, Dr. Martiniano Carvajal, y de Culiacán, Dr. Bernardo Gastélum.
El Gobierno pide dos cosas: 1) que se quite la etiqueta de ingresos no presupuestales y dejar abierto a que cualquier ingreso generado por la operación de los hospitales funcione como fuente de pago o garantía. Y, 2) autorizar la afectación del 25% del derecho y los ingresos que le corresponden al Estado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), como fuente de pago o garantía de las obligaciones de pago a favor del desarrollador.
Esto último significa comprometer unos 220 millones de pesos anuales durante 25 años, como fuente de garantía ante Banobras, quien financiará a las empresas ganadoras de las licitaciones, una propiedad de Olegario Vázquez Raña y la otra de Hipólito Gerard Pinedo, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Los nombres por sí solos añaden ruido a la especulación del tráfico de influencias en este asunto.
Pero como eso ocurrió un día antes de que concluyera el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXI Legislatura, y la iniciativa, con carácter preferente, la conocieron los diputados el último día de sesiones, el pretendido fast track quedó cancelado.
Aun así, legisladores que alcanzan a apreciar en esto un intento por favorecer negocios privados con recursos públicos, demandaron del “gobierno del cambio” información para poder decidir sin comprometer las finanzas actuales y futuras.
Pese a que el gobernador Malova ha dicho que atenderá la petición de los congresistas, al cierre de la presente edición los diputados se declaraban insatisfechos con la respuesta del mandatario vía secretarios de Salud y Finanzas, que no han disipado dudas básicas, entregaron tarde corridas financieras desactualizadas y un documento de Banobras que no prueba que la petición de ampliar garantías es cosa suya.
Negocio redondo
En la convocatoria de licitación pública de ambos hospitales participaron doce empresas y al final fue el consorcio de la Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A. de C.V. y Desarrolladora en Infraestructura en Salud PROAN, S.A. de C.V., de Vázquez Raña, quien ganó el hospital de Culiacán. Para el caso de Mazatlán resultó ganadora la propuesta de GIA + A, S.A. de C.V, empresa de Gerard Rivero.
En suma, los Servicios de Salud deberán pagar por la construcción, equipamiento, mantenimiento y operación de ambos hospitales, un total de 586 millones de pesos anuales, lo que afectado por el contrato de 23.5 años a partir de que se entreguen las obras, sumaría un monto de 13 mil 771 millones de pesos. Eso sin contar la pretendida ampliación de garantías.
La hora cero
El esquema de contratos público privados se incorporó a la Constitución local el 2 de octubre de 2012. Desde entonces, el PRD advierte el riesgo de favorecer la corrupción al amparo del servicio público. Incluso, la doctora Asa Ebba Christina Laurell, ex titular de la Secretaría de Salud del DF y experta en el tema, advirtió en 2011, tras disertar una conferencia en el Congreso, que con los CCPP al final se adquiere deuda pública disfrazada a un alto costo.
Por eso el diputado perredista, Ramón Lucas Lizárraga, puso sobre la mesa el tema desde la tribuna del Congreso, y exigió claridad en relación a este primer intento de impulsar obras y servicios vía CCPP.
Los decretos que se pide reformar fueron aprobados por el Congreso el 21 de noviembre del 2013, por lo que la afectación de recursos públicos presentes y futuros ya tiene luz verde. Ahora de lo que se trata es de ampliar garantías, mismas que durante el proceso de licitación fueron negadas y por eso es que se han encendido los focos rojos. ¿Por qué antes no y ahora sí?
El estatus de la polémica en torno a este asunto mantiene la pelota en la cancha del Congreso del Estado, donde saben de inconsistencias durante la licitación de los contratos, pues Marhnos Construcciones, S.A. de C.V. interpuso la denuncia 906/2014 ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, alegando su descalificación el 9 de mayo por presentarse en consorcio, por lo que pide invalidar el proceso. Fue el mismo día que se adjudicaron los proyectos.
Los desacuerdos de Marhnos fueron diversos y constan en las relatorías de las juntas de aclaración, bajo los expedientes EA-925006998-N53-2013 y EA-925006998-N54-2013 disponibles en http://www.compranet.gob.mx.
Otra inconformidad de la constructora fue que siempre insistió en solicitar una garantía de pago adicional, pero esta le fue negada y se advirtió, incluso una vez dado el fallo, que no habría tal garantía para los ganadores.
Pero el Gobierno cambió de opinión y ahora la iniciativa para reformar los decretos de los contratos está en el centro del debate parlamentario, donde se da un análisis jurídico y exhaustivo del caso, como un acuerdo de la Jucopo y las comisiones de Hacienda, Planeación y Desarrollo y Salud, pues el grave endeudamiento del Estado mantiene vulnerables las finanzas públicas y no se deben comprometer más.
De proceder la demanda de Marhnos, propiedad de Nicolás e Ignacio Mariscal Sertvije, debido a que se observan condiciones ventajosas para los ganadores, se podría caer el proceso de licitación y las obras se estarían retrasando.
A la opacidad del Gobierno del Estado se suma la mentira, pues el secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra, aseguró el 8 de septiembre, en comparecencia ante diputados, que ninguna empresa se inconformó durante el proceso de licitación y que tampoco planteó garantías adicionales.
La Secretaría de Salud por su parte, descartó reponer las licitaciones. Mientras que el gobernador Malova acusa que hay interesados en boicotear los hospitales.
Ni el Congreso del Estado ni el Gobierno la tienen fácil. Mientras el primero pone en juego lo que le pueda quedar de credibilidad, el segundo requiere 21 votos que no completa con sus aliados naturales, por lo que depende de los legisladores priistas, donde el tema los ha dividido. Incluso hay quienes advierten que no comprometerán los recursos del FAFEF.
Quienes rechazan la modificación han aclarado que no están en contra de nuevos hospitales, sino de que se hagan negocios privados con recursos públicos. Y este parece el caso. Sobre todo ante el empeño del Gobierno de no aclarar dudas, por lo que los decretos podrían quedarse como están.
Arturo Sánchez Sáinz:
“Si fuera diputado… votaría en contra”
Fue diputado local por el PAN y sabe de lo que habla. Arturo Sánchez Sáinz, abogado de profesión, tiene claro que sobre el caso de los contratos público privados en Sinaloa debe prevalecer la legalidad.
Y acude a los hechos: el artículo 134 constitucional establece como principio que en cualquier licitación deben darse condiciones de igualdad para todos los participantes en un concurso. De reformarse los decretos 976 y 977, como lo pretende el gobernador Mario López Valdez, las condiciones se afectan.
-¿Entonces no hay condiciones para modificar los decretos?
-La Ley de Contrato de Colaboración Público Privada (artículo 111) establece los casos en que se pueden modificar las condiciones y de acuerdo con el catálogo de supuestos, en este caso no encuadra en ninguno de ellos. Eso es un hecho. Al no haber un respaldo en la ley que autorice a hacerlo, desde ahí se observa un tema delicado de ilegalidad, en caso de que se diera. Se estaría abriendo un riesgo grave para el Estado ya que los demás participantes pueden impugnar, lo que pondría en riesgo la edificación de los hospitales en el tiempo planeado, pues se iría a tribunales.
“Definitivamente, los diputados no tienen argumentos jurídicos para modificar. Si yo fuera diputado en este momento, yo tendría que votar en contra, porque estaría obligado a apegarme a la ley y la ley no lo permite. Los diputados tienen que ser muy responsables y tomar una decisión de Estado y no cometer un error, una ilegalidad. Apegarse a la ley es lo que les corresponde”, concluye Arturo Sánchez.
A propósito de diputados, Sandra Lara Díaz del PRI, presentó en el Congreso un análisis sobre las consecuencias de modificar los decretos, donde concluye que eso cambiaría de fondo las condiciones con que fueron licitados los dos proyectos.
Incluso anticipa que otorgar otra garantía implicaría rehacer el proceso de licitación para ajustar los costos a las nuevas condiciones de financiamiento y trasladar del Gobierno del Estado los beneficios de este cambio y no dejarlos en los dos contratistas de los proyectos.
2 mil 378 MDP sería el costo de construir los dos hospitales.
13,275 MDP Monto estimado a pagar por Gobierno del Estado por los hospitales a 25 años, incluyendo la prestación de servicios.
5,375 MDP serían los recursos acumulados en 25 años vía garantías del 25% del FAFEF.
26,925 MDP aproximado de recursos comprometidos durante 23.5 años, vía presupuesto de Salud, ingresos propios y FAFEF.
Un motivo de duda
En octubre de 2005, cuando Jesús Aguilar Padilla gobernaba Sinaloa y Alejandro Higuera hacía lo propio en Mazatlán por segunda ocasión, se inició en el fraccionamiento Rincón de Urías la construcción del nuevo Hospital General. Se invirtieron 600 millones de pesos con recursos federales y debió quedar listo en 2007. Terminó abandonado. Nadie responde por él y está en curso una auditoría federal. Mientras tanto, no se sabe dónde terminó el dinero ni quiénes son los responsables del desfalco.
DIME CON QUIÉN ANDAS
El esquema CCPP es normal en otros países, pero en Sinaloa despierta sospechas de arreglos bajo la mesa entre autoridades y empresarios. Se desconfía del “gobierno del cambio” debido a episodios como las Nalopatrullas, licitación que benefició con 51 millones de pesos a Leonardo Félix, padre empresarial del gobernador. Pero además por desvíos de recursos en Salud, vía licitación de medicamentos. Encima, un Consejo Ciudadano para fiscalizar deuda, los denunció de opacos. A eso se suma el ruido que hicieron dos visitas: la de Raúl Salinas y Pedro Aspe en 2012. El primero estuvo en el despacho del gobernador, quien confirmó que no hablaron de política, mientras que el segundo vino a promover la creación de la Ley de Contratos Público Privados. Días después, el Congreso la aprobó. Ahora, la empresa de Hipólito Gerard Rivero, cuñado de Salinas, obtuvo un contrato por 239 millones de pesos anuales, por construir y operar el nuevo Hospital General de Mazatlán. En noviembre de 2010, como gobernador electo, Malova recibió la condecoración de la Gran Orden de la Reforma al Mérito Político. Olegario Vázquez Raña era presidente de la Academia Nacional, A.C. y es el principal accionista de las empresas Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura y Desarrolladora en Infraestructura en Salud PROAN, que ahora recibirá 347 millones de pesos anuales del Gobierno estatal para operar por 25 años el Hospital General de Culiacán.
LO DIJO:
“Siempre que se comprometen miles de millones de pesos, pienso en que seguramente habrá nuevos ricos. Corrupción impera, lamentablemente”.
—Edgardo Burgos Marentes, presidente del PAN Sinaloa, en su cuenta de Twitter.
Publicado el viernes 10 de octubre de 2014 en ESPEJO bajo el título: Negocio garantizado
P|M 